El magistrado imputa indiciariamente a Acebes un delito de apropiación indebida en su modalidad de comisión por omisión por "su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación", enmarcada en la ampliación de capital de Libertad Digital, y el hecho de que estos fondos acabaran "siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando la opacidad de los mismos".

En la investigación de la supuesta contabilidad B del PP en una pieza separada del 'caso Gürtel', se acoge a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la apropiación indebida por "comisión por omisión" en la conducta de terceros para concluir que el exministro abulense, como número dos del partido, tenía la posibilidad de "ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le permitiera evitar" la actuación de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Según la declaración judicial de Bárcenas, Lapuerta recibió en octubre de 2004 el encargo de Acebes de "buscar empresarios que estuviesen dispuestos" a participar en la ampliación de capital de Libertad Digital "utilizando para ellos los fondos de la caja B del partido".

La iniciativa, que habría partido del entonces presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, tenía la finalidad de que las participaciones fueran "traspasadas a terceros por parte de los suscriptores iniciales, que habrían de ser personas de confianza".

Informe policial
El magistrado ha acordado estas nuevas imputaciones por un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que analizó nueve apuntes manuscritos de la contabilidad B de Bárcenas entre 2004 y 2005, que reflejan la compra de acciones de Libertad Digital por valor de 410.300 euros.

La adquisición de los títulos fue realizada por Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas (por valor de 149.600 euros), Álvaro Lapuerta (un total de 1.270 títulos por 139.700 euros) y el trabajador del PP Francisco Yáñez (121.000 euros), padre del apoderado de las cuentas de Bárcenas en Suiza. Los tres vendieron las acciones posteriormente aunque en el caso de Lapuerta e Iglesias no consta que el dinero retornase a la caja B del partido.

Los compradores habrían sido tanto Vilela, apoderado de Construcciones Rubau y ya imputado en la causa, como el exdirector general del Ministerio de Justicia Alberto Dorrego, que realizó dos entregas de 12.100 y 24.000 euros a la caja B del PP, y el empresario Borja García Nieto, que adquirió 218 acciones del grupo mediático.

Los dos últimos, junto al expresidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, deberán comparecer como testigos el próximo martes. El juez no ha llamado a Bárcenas e Iglesias a declarar porque ya están imputados por estos mismos hechos en la pieza en la que se investiga la primera parte del caso Gürtel.