El PSOE pide que la Diputación contribuya al convenio de transporte con Madrid

El portavoz socialista, Tomás Blanco llevará al pleno que la Diputación celebre a finales de septiembre una moción para que inste a la Junta a un nuevo convenio que sustituya al que entró en vigor en 2007 y, de acuerdo a la Plataforma en Defensa del Abono Transporte E, los abulenses puedan utilizar todos los servicios que presta el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de tal modo que el abono "se ajuste escrupulosamente a la distancia con Madrid, sin existir ningún perjuicio con el precio que abonan los habitantes de Castilla-La Mancha por su distancia recorrida".

Blanco, que se reunirá con la plataforma para recoger sus reivindicaciones, quiere que la Diputación ayude a la Junta a financiar el convenio, como en el Ayuntamiento sugirió el PSOE, lo que no está dispuesro a hacer el alcalde.

Cuando en el mes de julio la Junta anunció el fin del convenio -decisión de la que luego dio marcha atrás-, el director general de Transportes pidió ayuda económica a los ayuntamientos y diputaciones afectados -Segovia y Ávila-, a lo que el alcalde, Miguel Ángel García Nieto, respondió negativamente alegando que competencia era de la Junta. El responsable de la Junta había aludido a que podía quedar fuera de la competencias de la Administración autonómica porque se trata de desplazamientos fuera de la Comunidad.

Convenio extinguido
En la moción socialista se recuerda que el actual convenio implantó el abono combinado mensual del operador de transporte (abono empresa) y por un abono mensual del Consorcio Regional de Transportes de Madrid de tipo C2: el abono empresa es solamente válido para las empresas operadoras y el trayecto seleccionado (Ávila-Madrid y viceversa) mientras que el abono transportes C2 puede ser utilizado ilimitadamente en toda la Comunidad de Madrid.

Blanco ha llamado la atención que hasta ahora no se ha conocido que el convenio se encuentra "extinguido", de acuerdo a lo que consta en el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de ahí que considera "urgente" que se "restituya a un estado de vigencia normativa la cooperación en el transporte público con la Comunidad de Madrid".