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El robo se produjo en la estación de bombeo que el Canal de Isabel II tiene en la Urbanización Navapark, situada en el término municipal de Navahondilla.
La operación Almansa se ha desarrollado en Madrid, Ávila y Guadalajara, y ha arrestado a seis personas de nacionalidad rumana acusadas de ocho robos cometidos con fuerza, y a tres españoles acusados de comprar el cable robado.
En la operación se registró una nave industrial ubicada en la Comunidad de Madrid donde almacenaban el cable que posteriormente vendían. Asimismo, se ha intervenido una tonelada de cable de cobre, varias herramientas utilizadas para la perpetración de los robos, cinco vehículos y material informático.
Las investigaciones comenzaron en febrero a raíz de un robo en una empresa de prefabricados de Humanes (Guadalajara), donde sustrajeron dos transformadores y cable de cobre ocasionando daños por valor de 300.000 euros.
Varias provincias
Luego se detectaron diferentes robos cometidos con la misma forma de actuar en la Comunidad de Madrid, Guadalajara, Ávila y Soria, entre ellos en las instalaciones del Canal de Isabel II Gestión en Brunete (Madrid) y en Navahondilla.
Cuando iban a robar, rompían el vallado perimetral e inutilizaban las alarmas, en robos que cometían de noche en zonas aisladas, y en caso de presencia policial iban campo a través. En uno de los robos fueron interceptados por la Guardia Civil y dejaron abandonados los vehículos cargados con el cable robado y emprendieron la huída a pie.
Después de los robos, se dirigían a zonas descampadas y de difícil acceso, donde se deshacían de las carcasas del cable quemándolo. Para el traslado del cable utilizaban vehículos lanzaderas para garantizar que los vehículos que iban cargados con el cable robado llegasen a la nave industrial quedando uno de los integrantes de la red vigilando las inmediaciones de la nave.
Tras la descarga del material, los integrantes de la red quedaban en un lavadero para limpiar los vehículos de los restos de barro y polvo y planificar el siguiente delito. El cobre lo vendían a una chatarrería de la Cañada Real de Madrid.
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Uno | Lunes, 11 de Agosto de 2014 a las 09:12:39 horas
La gente se indignará cuando compruebe que no quedarán ingresados en prisión...¿La legislación obliga a resarcir el daño a las victimas,pagar los operativos policiales,el lucro cesante,las obras de emergencia para la reparación y si procede su mantenimiento en la carcel,el proceso judicial...? todo esto lo pagamos los contribuyentes y las empresas(o sea los usuarios a los que facturan el servicio)...lo justo sería que una vez se demuestre la autoria con sentencia ,ingrasaran en centros de trabajo para que pagen el daño causado,su alojamiento y su reeducación.
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