El plazo para presentar solicitudes terminó oficialmente el 20 de junio, pero hasta hace una semana se han podido hacer, según la procuradora socialista Mercedes Martín, que ha lamentado que la Junta "no promocione, ni ponga en el lugar que se merece" a las residencias juveniles, a la vez que ha multiplicado por cuatro las tasas en relación al IPC.

Las críticas insisten en lo denunciado hace un mes por UGT y CSIF, ya que asegura que en el último curso bajó el número de residentes en un 75 por ciento a causa del aumento de precios.

Martín lamenta que los trabajadores de la residencia y sus futuros inquilinos estén "sumidos en una incertidumbre constante", y ha instado a la Junta a que se tome en serio su gestión, ya que a las residencias juveniles las trata "con dejación, negligencia y desde un prisma erróneo desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades”.

"¿Qué pasa si no se alcanza el mínimo, cuál sería el futuro de los empleados y qué tendrían que hacer los alumnos que hubieran solicitado alojamiento. Mucho nos tememos que la respuesta sería destrucción de empleo para los primeros y desamparo para los segundos”, ha indicado la procuradora.

Por eso insta a la Junta a que asegure a los trabajadores la continuidad del servicio garantizando su puesto de trabajo y que "se comprometa a velar por el mantenimiento de su apertura, qin que cada verano se convierta en un calvario para empleados y estudiantes".

A esto se añade que la residencia se encuentra pendiente de su traslado a un nuevo edificio, pendiente de concluir, por lo que cada verano el centro "tenga más sombras que luces".