Con carácter previo, el ministerio público había recibido de la Junta de Castilla y León el informe de la auditoría practicada a la empresa, ante las sospechas de una supuesta malversación de las ayudas públicas que se le concedieron a la sociedad.

Corresponde ahora a la titular del juzgado determinar si admite la denuncia a trámite, la archiva o solicita más informes, antes de decidir si continúa adelante con la instrucción.

Fue la semana pasada cuando la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, acusó a los administradores de Elgorriaga de una presunta malversación de las ayudas públicas concedidas por la Junta para reflotar esta empresa, que estuvo al borde de la desaparición hace dos años y medio, tras la gestión de la familia Ruiz Mateos.

En concreto, el Gobierno autonómico concedió un primer préstamo de dos millones de euros y un segundo de 2,4 millones a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que es el que está bloqueado en parte ante la presunta malversación de fondos públicos.

Actualmente, a la plantilla de Elgorriaga se le adeuda la paga de marzo, la nómina de junio y algo más de la mitad de la de mayo, ya que a principios de esta semana se abonó un 30 por ciento que se añadió al 15 por ciento ya pagado.