Los productos podían suponer un riesgo para la salud y el medio ambiente, según ha informado el instituto armado, que ha dado cuenta también de la imputación de otras diez personas como parte de la organización.

A los detenidos, a los que se han intervenido más de 32 toneladas de sustancias activas y productos fitosanitarios ilegales, se les imputan los delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, contra la propiedad industrial y falsificación de documentos.

Los miembros de la red adquirían las sustancias activas para la fabricación de productos fitosanitarios a empresas importadoras de productos químicos y los ocultaban en naves y almacenes clandestinos ubicados en localidades de Castellón y Valencia.

Una vez habían elaborado los productos agrícolas, introducían éstos en el mercado de forma ilegal a través de empresas ubicadas en poblaciones de Castellón y en la ciudad de Valencia, donde a través de otras mercantiles dedicadas a la distribución de productos fitosanitarios se comercializaban y vendían a los agricultores.

Los productos eran vendidos en envases sin etiquetado o con la etiqueta manipulada para imitar los de procedencia legal, carecían de la garantía necesaria de calidad y seguridad del producto y no estaban debidamente registrados en el Registro Nacional del Ministerio de Agricultura.

La Guardia Civil ha recordado que el uso de este tipo productos ilegales puede provocar que lleguen hasta los consumidores frutos que superen los niveles de residuos permitidos.