La formación magenta quiere conocer la repercusión que podría tener la decisión judicial.

Se calcula que esta sentencia, que afecta a más de 900.000 parcelas en toda España, hará que los ayuntamientos dejen de ingresar 4.500 millones de euros al año por este concepto. En ese caso, los consistorios se verán obligados a devolver el IBI si los afectados reclaman judicialmente.