CSIF entrará en las mesas de diálogo social al superar el 10% de representatividad

Esa representación da derecho a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a estar presente en las mesas provinciales de diálogo social, poder convocar elecciones sindicales o a participar en las negociaciones de convenios colectivos, entre otros derechos que otorga la Ley Orgánica de Libertad Sindical y que le considera "suficientemente representativo".

Según el presidente provincial, Miguel Ángel Cruz, "el aumento de delegados ha sido clave, ya que el 25 por ciento de los delegados pertenecen ya al sector privado", a pesar del "equipo humano reducido y unos escasos recursos”.

Este hecho supone "un avance cualitativo importante para el sindicalismo independiente de CSIF en Castilla y León".

Independencia
Cruz considera que logran más apoyos porque "la sociedad demanda otra manera de hacer sindicalismo, más moderna, basada en la independencia política, en la profesionalidad y en la calidad de los servicios, que no busca otra intencionalidad que no sea la de velar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores,  sin intereses políticos".

Asegura que "hacen las cosas de otra manera, alejadas del caduco sindicalismo corporativo o de clase", y que su apuesta es "por la calidad del asesoramiento sindical y jurídico, por el diálogo y la negociación, y por una acción social renovada y ampliada", que es "lo que el trabajador del siglo XXI demanda".

La ley que fija el diez por ciento para tener representación no gusta a CSIF porque es "injusta y discriminatoria", según el secretario provincial de Acción Sindical y responsable del sector privado, José Antonio Sánchez Pérez: "trata de manera desigual a la representación sindical de los empleados públicos, en favor de la representación de la empresa privada, a la que le otorga más peso y más número de delegados".

Asegura que "en su día, cuando CSIF ya tenía fuerza en el ámbito público, los dos sindicatos mayoritarios quisieron blindar la ley para su beneficio, reduciendo el peso de la representación sindical del empleado público", por lo que cree necesario reformarla o suprimirla a pesar que UGT y CCO no quieran.