"El nuevo rey no es legitimo pues no lo ha elegido el pueblo", afirman, alegando que la Constitución establece en su artículo 1 que "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”, por lo que creen que esta sucesión "impide el ejercicio de tal soberanía al acceder el trono sin consultar al pueblo soberano", que debería poder decidir entre monarquía o república, como posibilitaría el artículo 92 de la CE que habla de que las cuestiones de gran interés se pueden llevar a un referéndum.

Consideran que la elección del jefe de estado por derecho de sangre "es propia de la Edad Media y otros siglos", porque "la  legitimidad se gana en las urnas", y en este caso la monarquía "carece de legitimidad de origen, al constituirse en pie forzado de la transición, y cuya legitimidad de ejercicio se ha visto empañada por la corrupción, la opacidad y la obstrucción a la justicia".