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Nunca antes ha costado tanto mantener a trabajadores del sector público. Entre entidades de régimen local, provincial, autonómico o estatal, la nómina global es colosal. Querer ahora reconducir la problemática económica que genera, con la ley de las administraciones locales, y el techo de gasto, no va a solucionar un problema endogámico que viene de muchos años atrás. La Administración es un gran campo sin vallas que delimiten su territorio, y un coto cerrado de caza y reserva para pagar los favores prestados, o las lealtades demostradas. Hay tantos cargos de designación política que cobran de los organismos oficiales, que se utiliza como el gran caladero de votos de los partidos políticos. Esto es una realidad cotidiana que padecen funcionarios de carrera y ciudadanos. El Estado de las autonomías se ha desarrollado a tal escala, que hoy, casi el cincuenta por ciento de la población activa de algunas regiones, son funcionarios de la Junta. Excepto las autonomías uniprovinciales, todas las ciudades españolas siguen manteniendo diputaciones provinciales, y nuestro Parlamento sigue teniendo una Cámara alta (el Senado) de representación territorial, que de nada sirve en un Estado autonómico como el que se configura en España.
Siempre se dijo que la cercanía, y las competencias transferidas a las comunidades, aproximaría más la administración al ciudadano, pero no era verdad, era interés político. Lo único que ha acercado al ciudadano a la administración ha sido internet, y viendo las posibilidades que ofrece hoy la red de redes, a la hora de tramitar cualquier tipo de documentación, se hace más necesario que nunca adelgazar de forma rápida y contundente la administración pública. Para ello deben desaparecer las diputaciones provinciales, el senado y reducir las autonomías, adecuándolas a los servicios que prestan, sin atender otros requisitos políticos, o sociales.
La verdadera reforma de la Administración no se hará aprobando leyes que limiten el techo de gasto, o en promover unidades locales (ayuntamientos) que agrupen a varios pueblos. La única reforma que acabaría por dar resultado real es la eliminación de diputaciones provinciales, la eliminación del Senado, y sobre todo, eliminando a todos los cargos públicos que designan los gobernantes para escarnio de todos. Si se necesitan asesores, para tal o cual departamento, consejería o ministerio, se cogen del funcionariado de carrera que trabaja en las instituciones que hoy, en el siglo XXI, sobran. Soy consciente de que esto que digo, lo corroboran muchos ciudadanos, pero no se me escapa que, hoy por hoy, es una utopía. Quién tiene el poder (los partidos políticos) son los verdaderos beneficiados del mastodóntico sistema administrativo que hoy tenemos en España, con diecisiete parlamentos, cincuenta y una diputaciones, y un senado que es el cementerio de elefantes de los políticos, junto al parlamento europeo.
Una administración más coherente y apropiada a los servicios que presta al ciudadano es posible. Ahora, con una crisis brutal que golpea fuertemente a los más desfavorecidos, da la sensación de que la administración persigue al ciudadano, en vez de servirle, y es que tener que pagar miles de millones a todos los que de una manera u otra viven de la administración, convierte a ésta en una policía recaudatoria que permite mantener un entramado administrativo que está sobredimensionado por mor de los partidos políticos, que tienen que pagar con cargos, a la gran clientela que tienen. No es de recibo que la política de recortes y austeridad, que han venido vendiéndonos como imprescindible para poder escapar al rescate europeo, no haya tocado ni un solo músculo de la administración, una de las grandes lacras económicas de nuestro país, junto a la corrupción general que se ha instalado en todas las instituciones del estado.
Los ciudadanos somos conscientes de todo, incluso de que solo nos utilizan para legitimarles, pero una gran mayoría no nos sentimos representados ni aun votándoles. El interés general, del que hablan con la boca llena nuestra clase política, no va dirigido a los ciudadanos, va dirigido hacia ellos. La crisis ha servido para desenmascarar a unos políticos que son capaces de dejar caer en la pobreza a millones de ciudadanos con tal de mantener una administración donde poder colocar a tantos y tantos hacedores de votos.
El funcionario de carrera no tiene culpa de nada, y por supuesto debe ser recolocado en función de la nueva estructura que se derivara de la eliminación de los órganos e instituciones antes mencionadas. Para encontrar asesores, nada mejor que elegirlos entre el funcionariado, seguramente dará mayores resultados que muchos de los que ahora cobran del presupuesto de todos, y que sus méritos solo tienen que ver con la lealtad al partido y al líder local, provincial, autonómico o estatal. Exceptuando los cargos electos, el resto del personal que cobra de las arcas públicas debería ser funcionario de carrera. Repito que hablo de algo utópico, pero no creo yo que un director general de la policía, o de la guardia civil, o de agricultura deba ser nombrado por el dedo del gobernante de turno. Seguro que en esos cuerpos y estamentos hay funcionarios que serían mucho más eficientes, más coherentes y no se plegarían a los dictados de los que mandan, porque el puesto se lo han ganado con su esfuerzo y conocimientos.
Por muchos recortes que se hagan, por muchas reformas laborales, educativas o sanitarias que se lleven a cabo, y por muchos sacrificios que nos exijan a los ciudadanos, la situación no va a cambiar en muchos años de forma susceptible, y en vez de hacer pagar esta crisis descomunal a los más desfavorecidos, deberían haber empezado por reformar, de cabo a rabo, la Administración pública. Cuando uno ha de desmontar una casa, empieza por el tejado, pues si quieren desmontar un estado de bienestar, que empiecen por el tejado, que en política es la Administración Pública, luego por los más ricos y poderosos, después por las clases altas, y así sucesivamente, igual hay suerte y con los sacrificios de la administración, de los poderosos y de las clases altas, no hace falta pedir esfuerzos a los más débiles.
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Nombre | Domingo, 24 de Mayo de 2015 a las 02:43:10 horas
Que todo esto lo haga un gobierno de izquierdas no lo veo mal , es acorde a sus ideas ( toda la propiedad del Estado y todos trabajamos para el Estado ) , pero que esto mismo lo fomente un gobierno de derechas es de traca , acaso no estaban en contra del comunismo ?.
Me parece un articulo revelador , de los que te obligan a abrir los ojos.
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