Aunque no han trascendido datos más concretos, según ha informado la Guardia Civil, que lleva a cabo la operación junto a la Agencia Tributaria, los detenidos están acusados de varios delitos contra la hacienda pública, de estafa, falsedad documental y organización criminal.

La red llegó a defraudar más de 5,5 millones de euros a la hacienda pública por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, aprovechando la diferencia de tipos impositivos entre el producto que adquiría y el que vendía a gasolineras y transportistas. A esto se sumaría el fraude todavía por determinar en el IVA y otros impuestos.

La trama, compuesta por nueve organizaciones distintas que extendían su actividad por 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana).

Adulteración
Su forma de operar consistía en adquirir gasóleo agrícola y de calefacción (B y C), que están bonificados fiscalmente, manipulaba el producto resultante para eliminar las sustancias que permiten diferenciarlo a simple vista del gasóleo A y lo mezclaba con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal.

De esta manera, la trama reducía notablemente sus costes, perjudicando a otros operadores por la competencia desleal y originaba riesgos para los consumidores, dada la baja calidad del carburante.

La macroorganización estaba formada por organizaciones jerarquizadas y organizadas con mayor o menor autonomía, que alcanzaban a toda la cadena comercial de los hidrocarburos. Así, en la trama intervenían proveedores de hidrocarburos, transportistas, centros clandestinos de transformación y clientes del producto final (estaciones de servicio cómplices y grandes consumidores).

Además, contaba con una serie de sociedades instrumentales y receptores de facturas falsas. Su papel era fingir la recepción del gasóleo bonificado, justificando con ello el destino legal que teóricamente daba el proveedor a este gasóleo B y C.

Entre otros activos, la red contaba con una fábrica de biodiesel, 37 titulares de establecimientos dedicados a la producción, distribución y comercialización al por mayor de hidrocarburos; 46 estaciones de servicio, 13 transportistas, nueve posibles centros de transformación y numerosos receptores de facturas falsas.