Gallardón: "no se cerrará ni un solo juzgado en España"

"Dentro de la circunscripción provincial subsistirán todas y cada una de las sedes judiciales que en estos momentos existen en España, sin excepción", ha asegurado.

"No se cerrará un juzgado de primera instancia e instrucción en la  capital de provincia, pero tampoco ni un solo juzgado de primera instancia en ningún partido judicial de España, sin excepción", según ha dicho en la II Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, celebrado en la capital abulense.

El proyecto del Gobierno mantiene las sedes judiciales en las capitales de provincia y en las cabezas de partido judiciales, y lo que modifica es unos "criterios de flexibilidad en cuanto al funcionamiento y las competencias territoriales o específicamente sectoriales que puede tener cada una de esas distintas sedes".

Flexibilidad

Es lo que permitirá "darle agilidad al sistema" y "acabar con los elementos de rigidez sin que tengamos necesidad, porque en el siglo XXI no la hay, de que se suprima".

El objetivo es el de "disminuir al máximo la obligación presencial de los ciudadanos en cualquier sede judicial".

Según Gallardón, la "confusión" procede de "la vieja propuesta" del Consejo General del Poder Judicial, que suponía cambios "manteniendo el modelo y no creando tribunales provinciales de instancia", y, "por tanto, la desaparición".

Y ha indicado como ejemplo la jurisdicción social, en la que nunca se han generado protestas por estar centralizada en las capitales de provincia

Reasignación de efectivos
De este modo, los tribunales provinciales de instancia tendrán como ventaja una "reasignación de efectivos" de acuerdo a "la realidad de cada momento", y así habrá "un mejor aprovechamiento" de los órganos judiciales "al pertenecer al mismo órgano".

En el futuro, estos tribunales provinciales aprovecharán la agrupación de los órganos judiciales de la provincia gracias a la "flexibilidad", teniendo en cuenta "la movilidad y la carga de trabajo", además de que tendrán una unificación de criterios y mayor seguridad jurídica al celebrarse sesiones plenarias del órgano colegiado.

También el ministro ha anunciado que tendrá en cuenta la opinión de las comunidades autónomas cuando se elabore la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, con lo que ha contestado así al consejero de Presidencia de Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien había reclamado la participación, con independencia de que tengan o no competencias en justicia.