Entre las tres opciones ofrecidas por el Gobierno, el equipo de Gobierno ha optado por la que implica, primero, el aplazamiento de la amortización durante un año, tiempo en el que sólo se pagarán los intereses y permitirá el ahorro de 620.000 euros.

También implica el ahorro de los intereses al reducir el interés en 1,31 puntos sobre el 5,5 por ciento actual: 131.000  euros de ahorro anual sobre los diez millones del préstamo utilizado para pagar a los proveedores.

Esta cantidad "revertirá en el interés general y en los ciudadanos, porque el gasto disminuye y los vecinos tendrán que aportar menor dinero a las arcas municipales", según ha expresado el teniente de alcalde de Servicios Económicos, Félix Olmedo, quien ha destacado que esta medida aportará "equilibrio económico y solvencia".

También puede reducir el tiempo de pago a proveedores, ahora de entre 50 y 70 días, y podría incluir el Consistorio entre los que tienen menos del 75 por ciento de deuda viva, límite que marca la Ley de Haciendas Locales para que los ayuntamientos pueden volver a endeudarse.

El ahorro de 620.000 euros por año -este año solo corresponde a la parte proporcional a cuatro meses- es bienvenida por Olmedo para 2015, año que ha calificado como "muy difícil por el gran número de vencimiento de deudas" al que se enfrenta el Consistorio.

La cantidad no se sabe a que podrá destinarse a la espera de indicaciones del Gobierno, si debe ir a amortización, gasto corriente o pago a proveedores.

El PSOE ha apoyado este punto del pleno con la abstención de UPyD y el voto en contra de IU, que argumentó no apoyarlo porque tampoco lo había hecho con el pago a proveedores.

Presión asfixiante

El concejal de UPyD Álvaro Aparicio criticó la medida porque aseguró que perjudicará a los ciudadanos y supone "un maquillaje" para "un año electoral", como 2015. En este sentido, lamentó la "presión fiscal asfixiante" del Consistorio.

A esto contestó el alcalde, Miguel Ángel García Nieto, que aseguró haber bajado los impuestos en este mandato, porque es "la senda" por la que camina el equipo de Gobierno.

Puso como ejemplo que el IBI ha bajado del 0,56 al 0,53, y así otros impuestos como el Impuesto de Construcción (ICIO) o el IAE, e insistió que se reducirán los valores catastrales "cuando permita la ley", que exige cinco años con el mismo gravamen, por lo que podrá aplicarse a partir del 1 de enero de 2016.