El 55 por ciento restante, que equivale a otros 27 millones, se abonará en enero de 2015 salvo que exista margen para adelantar su cobro a este año una vez garantizado el cumplimiento del objetivo de déficit.

Con ello se ratifica el consenso alcanzado el 15 de abril por la Junta y los sindicatos en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos.

En Ávila, FSP-UGT, y la Federación de Educación de Comisiones Obreras han paralizado los recursos que habían presentado y los que habían preparado de cara a reclamar la parte de la paga extra.

Según la Junta, la importancia del pacto aprobado radica en que beneficia a alrededor de 100.000 trabajadores, ya que es de aplicación a los empleados de la Junta y sus organismos autónomos, y se hará extensivo al personal de las universidades públicas y los centros educativos privados concertados.

Sin reclamación

Todos ellos recibirán la paga extra correspondiente a 44 días sin necesidad de reclamarla por vía administrativa o judicial. El acuerdo también es muy positivo para la Administración, que evitará enfrentarse a numerosos litigios en los tribunales y podrá afrontar con más facilidad un gasto elevado, de en torno a 50 millones de euros en total, porque lo efectuará en dos plazos.

Con ello se responde a la reivindicación de recuperar las retribuciones correspondientes a los días comprendidos hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad del Gobierno de España, que estableció la supresión de la paga extraordinaria de Navidad del ejercicio 2012 para todos los trabajadores de las administraciones públicas, incluidos los de las comunidades autónomas.

Conciliación
El acuerdo contempla el compromiso de abordar más medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, así como la negociación de la oferta de empleo público para 2014 y las bases de un nuevo modelo de carrera profesional, el estudio de la implantación del concurso abierto y permanente para los funcionarios y la puesta en marcha de una campaña para la dignificación de la imagen de los trabajadores de la Administración.

El pacto ratificado por la Junta es el resultado de meses de negociaciones que fructificaron en el acuerdo alcanzado el 15 de abril en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, el órgano de representación legitimado al efecto de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público.

En ese foro se aprobó sin ningún voto en contra, puesto que salió adelante con el apoyo de los representantes de CSIF, UGT, y CC.OO. y la abstención de FSES. Posteriormente se sometió al dictamen del Pleno del Consejo de la Función Pública, la Comisión de Asuntos Económicos, la Comisión de Secretarios Generales y, por fin, el Consejo de Gobierno. La tramitación se ha completado este jueves con la firma del acuerdo por parte de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y los representantes sindicales, con objeto de que pueda entrar en vigor de inmediato.