José Luis Valverde, en representación de la Junta, ha prestado declaración para responder por la responsabilidad civil que achaca la fiscalía a la Junta, al desempeñar el autocar siniestrado un servicio público en concesión a una empresa.

El fiscal de Seguridad Vial, Óscar Barrios, ha señalado que llamar al representante de la Junta era un acto “meramente formal”, para “evitar” que se pueda alegar “cualquier tipo de indefensión” en el caso de que la Administración autonómica sea llamada al procedimiento sin haber tenido antes conocimiento.

Tras finalizar el plazo para formular la calificación después de culminar la instrucción, el ministerio público solicitó una prórroga para pedir la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta. La petición fue admitida por el juez, que ha informado a la Junta y ha llamado a declarar a un representante legal de la Administración.

En el escrito de conclusiones se mantendrá para el conductor del autocar, R.G.S., la acusación de nueve delitos de homicidio por imprudencia grave y 13 de lesiones por imprudencia grave, por la que se podría pedir hasta cuatro años de prisión.

Según el fiscal, la responsabilidad penal de este caso sólo la tendrá el conductor del autocar, mientras que la Junta sólo tendría la civil, "siempre en defecto del acusado y la aseguradora". La responsabilidad civil surge como "consecuencia de un delito que no comete la Junta, sino el conductor", que pertenece a una empresa que "presta un servicio de transporte concedido por el Gobierno regional".