El carpetazo definitivo se produce tras la decisión de las asociaciones ecologistas de no recurrir la reciente sentencia absolutoria de la justicia en el proceso seguido contra técnicos y cargos políticos de la Consejería de Medio Ambiente.

Motivos suficientes para hacerlos existen, según sostienen, pero aducen razones económicas para no seguir adelante, más después de conocerse que la Fiscalía tampoco venía razones para recurrir el fallo que deja libre a los procesados.

En este sentido, Ecologistas en Acción y Centaurea, grupos conservacionistas que ejercían la acusación particular, habían expresado su disposición a adherirse a un posible recurso del ministerio fiscal. Sin embargo, han sido rotundos: "no podemos ir solos en un recurso porque en caso de sentencia contraria no tenemos capacidad económica para afrontar la imposición de las costas", según Carlos Bravo, portavoz de la segunda de las asociaciones.

Hechos impunes
Eso sí, consideran "lamentable que los hechos hayan quedado impunes y que al final no haya condena en vía penal, a pesar de que hay argumentos más que suficientes para ello".

Al tiempo advierten del "vacío legal" que queda al exonerar a los imputados por el simple hecho de que se limitaron a informar y no adoptaron acuerdo alguno, cuando a su juicio es evidente que hubo "prevaricación, arbitrariedad y voluntad de saltarse la normativa al manipular de forma intencionada la normativa, en concreto el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra".

Así las cosas, el cierre de la causa en vía penal ha sido acogido con “malestar y decepción” por los colectivos ecologistas que, no obstante, se muestran "satisfechos", al menos, de "haber llegado tan lejos después de ocho años de instrucción".

A la vez, recuerdan el “éxito” obtenido en vía administrativa, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y más tarde el propio Tribunal Supremo, "dejó muy claro que se cometieron irregularidades por parte de la Consejería de Medio Ambiente al saltarse ésta su propia normativa", lo que se ha traducido además en que la zona donde se proyectó la macrourbanización ha quedado definitivamente protegida.