Su deseo, según han explicado en un comunicado, es que la Fiscalía también recurra la sentencia absolutoria, cuya argumentación afirman no compartir, toda vez que "alienta la impunidad de las autoridades y funcionarios que por adoptar resoluciones ilegales e informes sesgados han sido incluso promocionaros en lugar de cesados".

Como ejemplo ponen que el actual director general del Medio Natural de la Junta, José Ángel Arranz, que en el año 2006, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó paralizar el proyecto, era jefe del Servicio de Espacios Naturales.

Asimismo, lamentan los colectivos conservacionistas que siete años y medio después de que el alto tribunal declarara ilegal este proyecto que incluía la construcción de 1.600 viviendas, un campo de golf y dos hoteles de lujo en una zona protegida, "ninguno de los 20 imputados por los hechos ha sido hallado responsable de los mismos".

"Si los técnicos pueden informar lo que quieran sin responsabilidad alguna porque los que deciden son los políticos y los políticos eluden su responsabilidad porque de materias técnicas no entienden y se limitan a seguir lo que proponen los informes de los técnicos, el panorama resulta desolador y peligrosísimo para la conservación de la naturaleza", apuntan.

La sentencia es la resolución de la última de las cuatro piezas separadas en las que se dividió ese asunto. Las dos primeras quedaron archivadas y la tercera concluyó con la absolución del alcalde de la localidad, Gerardo Pérez, el secretario municipal, Carlos de la Vega, y el promotor inmobiliario de la urbanización, Francisco Gómez 'El Paloma'.

La cuarta pieza estaba en Valladolid porque hacía referencia a la declaración de impacto ambiental tramitada por la Consejería de Medio Ambiente, con sede en la capital pucelana.