El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión y Progreso y Democracia contra 33 exconsejeros de Bankia, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y políticos del PP, PSOE e IU.

Acebes, que fue diputado por Ávila hasta junio de 2011, fue consejero de Bankia hasta este año, cuando dimitió y poco después fue nombrado consejero de Iberdrola, mientras que el presidente de Caja de Ávila -dejará de serlo tras el próximo proceso electoral y la semana pasada presidió su última asamblea- es también presidente de la Diputación abulense. El día 27 dimitió, junto a todos los consejeros, del BFA.

Además de Rato, el juez imputa a Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA) como personas jurídicas y a otros 32 exconsejeros de la entidad, entre los que se encuentran José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia; Angel Acebes, exministro del Interior, o Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

La querella también se dirige contra el expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella; el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche; el exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada; la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced o Carmen Cavero, esposa del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

También están imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exalcalde de Castellón Antonio Tirado, y de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín.

El resto de imputados en la causa son los consejeros Francisco Verdú, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Francisco Baquero, Pedro Bedia, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Angel Villanueva.

Como testigos serán citados el exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura; y el auditor socio de Deloitte, Francisco Celma, que realizó un informe sobre la situación de la entidad; y a un representante de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Fianza
El juez ha admitido las pruebas documentales pedidas por UPyD, que deberá depositar una fianza de 20.000 euros para ejercer la acusación popular, y requiere a Bankia y al BFA copia de las actas de las reuniones que el consejo de administración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010, junto a los documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB.

El magistrado ha solicitado a las cajas de ahorro integradas en Bankia los datos sobre las operaciones de crédito, aval o garantía que efectuaron desde el 1 de enero de 2008 a favor de miembros del consejo de administración, de la comisión de cntrol y de su personal, directivos, familiares en primer grado o con empresas o entidades que controlen según la Ley del Mercado de Valores, al igual que a los partidos que tengan representación en las corporaciones locales y asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de las distintas cajas, así como la situación actual de las operaciones.

Otro detalle sobre el que pide detalles es si hay “cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección y de los miembros del consejo de administración”, al igual que sobre planes de jubilación, pensiones complementarias, seguros de vida u otros sistemas para el comité de dirección de la entidad, las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnizaciones y retribuciones de cualquier naturaleza que habrían recibido desde el 1 de enero de 2007.

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pide los expedientes tramitados tras la Oferta Pública de Suscripción y admisión a negociación de acciones (OPS) de Bankia, y de la resolución por la que se aprobó la salida a bolsa de la entidad a pesar de que la misma no cumplía con el requisito de disponer de cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios, junto a la información que Bankia ofreció a los clientes.