Según han informado dichos ayuntamientos, no descartan tampoco acudir a los tribunales, al considerar “un atropello y un ataque a los derechos de los ciudadanos del Valle Amblés” que se haya procedido a la reducción de facultativos, ya que se ha pasado de los ocho que existían en 2012 a tan solo cinco en 2014.

A su juicio, se trata de una decisión “arbitraria” de la Junta de Castilla y León, que “bajo subterfugios ha intentado confundir a los vecinos sobre las decisiones ya tomadas”.

La queja ante el Procurador del Común se sustentará en que es un recorte “absolutamente desproporcionado” en relación con la disminución real  de tarjetas sanitarias y que “es una evidencia el agravio comparativo que se está produciendo entre la Zona de Salud de Muñana y otras zonas de salud, por cuanto que el Valle Amblés es una de las zonas más perjudicadas de toda la provincia y de toda Castilla y León”.