"Las valoraciones del proyecto no se sometían a las valoraciones estándar, ya que la mayor parte son de rehabilitación e instalaciones interiores”, se ha contestado al partido magenta sobre los presupuestos.

Explican que en todas las administraciones, "y por supuesto en la Diputación de Ávila, todas las ofertas se realizan mediante licitación pública basada en contratación abierta". Y apuntan que "en la actualidad, las empresas valoran a la baja entre un 30, 40 y 50 por ciento de los proyectos”.

Por tanto, “su intencionalidad entre velada, no hace más que ensuciar la noble tarea política", que el equipo de Gobierno del PP tiene en la Diputación.

Sin relación
A la vez, destacan que nada tiene que ver y no hay relación causa-efecto entre la solicitud de documentación de UPyD y la paralización del proyecto, ya que las preguntas fueron registradas el 3 de marzo, cuando de decreto de paralización del expediente se firmó el 19 de febrero.

"Por tanto, la relación entre sus preguntas y la paralización del expediente es una absoluta falsedad consciente" por parte de una formación que -acusan- "siempre actúa sin propuestas políticas y sí con demagogia pura a hechos consumados”, según el equipo de Gobierno.

Señalan que el presidente, Agustín González, paralizó el expediente "por responsabilidad política e institucional", ya que “los grupos políticos cambiaron de criterio, mientras que lo aprobaron en Junta de Gobierno luego lo cuestionaron en los medios de comunicación”.

El equipo de Gobierno también critica a UPyD porque como grupo político "nunca hace propuestas" y "siempre va al rebufo de hechos consumados, y esto en política se llama demagogia”.

"Como su diputado provincial, Santos Martín, sabe como trabajamos, él no ha salido a criticarlo, por eso lo hace su partido”. concluyen desde el equipo de Gobierno del PP.

IU
Por su parte, IU pide una rectificación pública a UPyD por la acusación e insinuación "grave y gratuita" de connivencia ante las obras de ampliación de la Diputación, y recuerda que se opusieron al proyecto por entender que el gasto económico "debería estar destinado a las necesidades de las personas por encima de obras de la índole que se pretendían poner en marcha".

IU señala que "ninguno de sus miembros han mostrado tolerancia u omisión al cumplimiento de la legalidad vigente".