En el encuentro se ha abordado la instrucción aprobada por la Agencia de Protección Civil, en diciembre de 2013, para dar respuesta a las inundaciones en el territorio de la Comunidad y se han recordado los procedimientos de actuación y notificación a las instituciones y organismos afectados de los avisos y alertas en este tipo de situaciones.

El Inuncyl tiene como objetivo la prevención de los daños que puedan causar las inundaciones en el ámbito geográfico de Castilla y León, así como la protección de personas, bienes y medio ambiente gracias a una actuación coordinada entre los recursos de las Administraciones públicas y los de los entes privados.

La reunión, celebrada el jueves en la Delegación Territorial, fue presidida por el delegado territorial, Francisco José Sánchez, con la participación del subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas, otros representantes de la Junta, Diputación, Ayuntamiento de Ávila y las confederaciones hidrográficas del Duero y del Tajo.

El plan por riesgo de inundaciones prevé tres fases de activación: alerta, emergencia y normalización. En la fase de alerta se realiza el seguimiento detallado de la información.

Una vez declarada la segunda fase se contemplan varios niveles: la situación 0 permite prever la inminencia de las inundaciones y adaptas las medidas necesarias de protección de personas y bienes.

La situación 1 se declara en el momento en que se han producido inundaciones en zonas localizadas, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales, bien asignados o bien disponibles en las zonas afectadas, mientras que la situación pasará a nivel 2 -y en consecuencia se activará el Inuncyl- en el momento en que se produzcan inundaciones que superen la capacidad de retención de los medios y recursos locales en todas o alguna de las zonas afectadas o, aún sin producirse esta última circunstancia, los datos pluviométricos permiten prever una extensión o agravación significativa.

En el Inuncyl se detalla la estructura directiva y operativa, que contempla la constitución del Comité de Dirección del plan en aquellas situaciones que obliguen a activarlo. Al frente estará, en el ámbito provincial, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León.