En el encuentro, que analizó el recurso de inconstitucionalidad contra la normativa impulsado por el PSOE, los participantes coincidieron en señalar que la ley del Gobierno supone “una clara vulneración de la autonomía local” e insistieron en la necesidad de “preservar los derechos y los servicios que se prestan a los ciudadanos desde lo público y con un control por parte de los órganos democráticos, y no desde el ámbito privado”.

También abogaron por que los consistorios no se conviertan “en administraciones de segunda”, al tiempo que apostaron por que no se limiten las competencias del pleno municipal “ni se deje a la oposición sin capacidad de controlar, conocer y votar temas de importancia vital para la vida de un municipio”.