Así lo ha denunciado UGT, que actualmente tramita seis daciones en pago de deuda con diferentes entidades financieras, confiando en el “buen hacer” de éstas “debido a la exclusión social en la que se encuentran las familias afectadas”, para las que se propone permanecer en la vivienda bajo un alquiler social.

El sindicato cree que “los poderes públicos deben involucrarse más en este problema”, por lo que sugiere “mantener la deducción del IRPF por la compra de vivienda habitual, realizar un censo de viviendas vacías por parte del Ayuntamiento de Ávila y gravar éstas vía impositiva con la aquiescencia de la Junta de Castilla y León.

Según el sindicato, que aporta datos del INE, en Ávila hay más de 25.000 viviendas vacías, siendo la segunda provincia con mayor número de viviendas secundarias vacías (41,9 por ciento).

Asimismo, significa que la Junta de Castilla y León debe firmar ya el convenio con el Ministerio de Fomento para que posibilite la llegada a Avila de las ayudas del plan estatal de vivienda 2013-2016.