Por ello, González  demanda un “mayor compromiso e implicación” de la Junta en materia de transporte de viajeros en la comunidad, “que ha visto mermada su vertebración con el deterioro de las comunicaciones ferroviarias y por carretera, alejando con ello a aquellas empresas que buscasen ubicarse en nuestro territorio”.

El procurador sitúa la red de autopistas en la comunidad como una “auténtica frontera económica tanto hacia el sur, por la A-6, como hacia el norte, por la A-1” castigando con ello “el desplazamiento de los viajeros y las mercancías”, en lo que supone un “hándicap para empresas y ciudadanos, que se desplazan a otras comunidades y provincias con mayores ventajas”.

González estima que en Ávila, con la AP-51 y la AP-6, el esfuerzo económico de los ciudadanos se eleva a “540 euros mensuales”. Un esfuerzo, además, “doble”, porque, según ha denunciado, está “amparado en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que señaló los graves incumplimiento en la concesión de las obras de la A-6, la ampliación del peaje en 35 años más y la construcción de la AP-51”.

Tren
Por otro lado, “la mal llamada racionalización del ferrocarril” ha supuesto la pérdida en Castilla y León de 250 frecuencias ferroviarias y  47 localidades afectadas cuando, a su juicio, “deberíamos estar avanzando hacia un sistema de cercanías que fijase población en los núcleos rurales”.

Una situación que, en su opinión, “no ha venido a mejorar el transporte a la demanda, dado que “es el viajero el que se ve supeditado a horarios y fechas fijas para hacer uso de él”. Como ejemplo ha puesto que entre Cabezas del Villar y Muñico, este servicio se ofrece “en un día fijo y unos horarios concretos”. Así, lamenta, un vecino de Cabezas del Villar que busque trasladarse a Muñico debe hacerlo los martes entre las 8,30 a 9,06 y regresar desde Muñico de 11,05 a 11,56 horas.