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La asamblea general celebrada este jueves ha servido para aprobar una cuentas con pérdidas de 402.000 euros, y a la vez para despedir a Agustín González como presidente, quien ha asegurado que ahora se ha adoptado “el mejor camino” gracias que se cuenta con la garantía del Estado.
Según se ha informado tras la asamblea, se acumulan pérdidas de 402.000 euros. Habían sido aprobadas con resultado positivo por el Consejo de Administración el 30 de marzo de 2012 y luego se modificaron el 11 de junio de 2012, “como consecuencia de la reformulación de las cuentas del BFA”, por lo que finalmente “han pasado de valores positivos a arrojar unas pérdidas de 402.000 euros, derivados de la actualización de las estimaciones de probabilidad de obtención de ingresos fiscales futuros”.
Por otra parte, la asamblea ha aprobado el presupuesto de la Obra Social para este año, de “aproximadamente 4 millones de euros” para el desarrollo de “actividades propias, en colaboración y ajenas, especialmente las referidas al ámbito social y asistencial, sin olvidar, con los ajustes obligados por la coyuntura social y económica, las acciones de carácter cultural”.
También la asamblea ha aprobado la adaptación de los estatutos y el Reglamento de Procedimiento Electoral de la entidad, de acuerdo a los cambios normativos de la Junta de Castilla y León y del Gobierno, para convocar elecciones de cara a renovar la asamblea. Lo más significativo es que en la próxima asamblea no podrá haber ningún representante político en las instituciones.
La asamblea también ha aprobado el “informe sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, comprensivo de la política general de retribuciones de la caja y del detalle individualizado de las percepciones recibidas por los consejeros y comisionados durante el año 2011”.
El mejor camino
Antes de la asamblea, González, presidente desde septiembre de 2007 y que el miércoles dimitió junto a todos los consejeros del BFA, ha dicho que las decisiones adoptadas en la entidad “se han hecho con el más absoluto rigor” y de acuerdo a los informes técnicos.
“Creo que estamos en el mejor camino”, ya que Bankia ahora tiene “la garantía del Estado”, lo que “asegura los depósitos de los impositores”.
Sin participación en BFA, o sea, sin ninguna titularidad, ha confiado en que se gestionará la obra social a la espera de constituirse en fundación, para lo que deberá contar con el visto bueno de la Junta de Castilla y León como órgano regulador.
Espera que Bankia aporte fondos para la obra social, que “era lo que podría preocuparnos”, ya que “la marca de las cajas tiene gran valor” y generar ingresos, además de que las partidas de responsabilidad social corporativa podrán ayudar a gestionar las fundaciones, de tal modo que se podría asegurar su existencia hasta el año 2014, contando con los fondos de reserva y otros ingresos que se generen.
Ahora el patrimonio de Caja de Ávila es el de los activos inmobiliarios de la obra social y los mobiliarios, inmuebles y obras de arte que, según González, son “muchos millones de euros”, aunque no se ha concretado la cantidad, a diferencia de Caja Segovia, que ha cifrado su patrimonio neto en cerca de 20 millones de euros.
Discrepancias
Los representantes del PSOE en la asamblea no acudieron, porque anunciaron que no tiene sentido convocar un proceso electoral de renovación de 120 miembros para gestionar una fundación”, mientras que los de UGT han pedido explicaciones por lo que denominan “confiscación” de la caja, un “importantísimo patrimonio histórico de todos los abulenses”.
Han aprobado las cuentas de la obra social, pero se han abstenido en las de la entidad financiera y han propuesto la devolución de dietas y remuneraciones de todos los responsables de los órganos “desde el momento en que su obra social se haya visto afectada por la nulidad y por la ulterior pérdida patrimonial de BFA, matriz de Bankia, detectada por los tres bancos contratados por el FROB.
En el transcurso de asamblea, la consejera de IU, Isabel Casillas, ha pedido una investigación “para depurar responsabilidades civiles y penales” por la desaparición de Caja de Ávila “sin explicar los motivos”.
“Hemos asistido -ha añadido- además al cierre de oficinas y las consiguientes pérdidas de puestos de trabajo sin que esta fusión haya aportado nada positivo a nuestra provincia”. Casillas ha utilizado el lema ‘Nuestro interés, las personas’, para decir que “los responsables políticos y técnicos que aconsejaron la fusión con Bankia no cumplieron con este lema”, por lo que ha instado a “pedir perdón por haber destrozado” la caja y asumir las responsabilidades políticas.
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