En su opinión, la aprobación de dicha ley “ha llenado de incertidumbre e inseguridad a los ayuntamientos”, por lo que quiere conocer si el Gobierno tiene previsto que la Diputación preste por sí misma esos servicios o si se establecerá una gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.

También quiere saber “cómo se va a calcular el coste efectivo de las competencias propias de los ayuntamientos de la provincia y cómo va a gestionar económicamente la Diputación  de Ávila las competencias de los consistorios abulenses”.

Asimismo, ha interrogado sobre “qué partidas presupuestarias van a asignarse a la Diputación para gestionar las competencias que dejarán de prestar los ayuntamientos tras la aprobación de dicha Ley”, así como las previsiones que tiene el Ejecutivo sobre la contratación de personal o de oferta de empleo pública para la Diputación.

No obstante, como a partir del 1 de enero de 2014 los ayuntamientos prestan los Servicios Sociales, “sin tener competencia para ello en virtud de la disposición transitoria que aplaza su aplicación hasta el año 2015”, Pedro Muñoz considera “indispensable” saber si van a mantenerse las aportaciones a los municipios abulenses hasta dicha fecha para la prestación de los servicios.