Contra la entrada de la seguridad privada en las cárceles

Con medio centenar de participantes ha contado la concentración celebrada a las puertas de la prisión de Brieva bajo la pancarta ‘Prisiones ya no soporta más recortes ni privatizaciones’, en una convocatoria de CCOO, UGT y CSIF.

Las funciones de vigilancia exterior lo hacía en estos centros la Guardia Civil, “y pensábamos que iban a hacerlo escoltas, pero hasta en eso nos han engañado”, ha dicho el coordinador regional de CCOO de Prisiones, Teo Movilla, que ha recordado que la seguridad de los centros penitenciarios es responsabilidad del estado.

“Tras comenzar con la seguridad exterior nos tememos que quieren ampliarla al interior”, ha resaltado, y achaca la situación a “los intereses privados de empresas que tienen beneficios con el Gobierno”. Considera que los siete millones de euros dedicados a esta finalidad deberían haberse dedicado a la convocatoria de oposiciones de funcionarios.

Personal
Los problemas de personal ya son patentes en las cárceles, tanto en centros nuevos que no puede abrir como en los que funcionan, y estiman que serían necesarias entre 2.000 y 2.500 las plazas necesarias para atender todos los centros de España.

En Castilla y León, los centros de Topas, León y Burgos “empiezan a tener problemas, entre jubilaciones y funcionarios en segunda actividad”, ya que “no han convocado ni una sola plaza”.
En cada centro el déficit es de entre 60 y 70 funcionarios, y esta situación “crea dificultades en la seguridad” de la cárcel y “para los derechos de segunda actividad” de los funcionarios.

Sin embargo, en el Centro Penitenciario de Brieva “no hay déficit de personal” y la plantilla está ajustada a las necesidades, además que “coyunturalmente” se ha reducido la población reclusa, según Antonio Pascual, responsable de UGT. “Aunque sí seguimos así comenzarán los problemas”, ha añadido, señalando que un guardia privada "tiene el triple de coste que un funcionario público".

Las protestas se han suceden desde hace casi un año y los sindicatos instan al Gobierno a sentarse a negociar.