En el comité provincial se ha denunciado la “intencionalidad  de transformar imputaciones aisladas, que se están investigando para determinar su certeza o falsedad acotando el posible nivel de responsabilidad que en su caso pudiera haberse contraído”, y critican que haya derivado en “una causa general contra la organización sindical, elevando a categoría general de sospecha la actuación global del sindicato, como si ya se hubiera emitido una sentencia condenatoria”.

“Nuestra organización -añade el acuerdo- debe ser la principal herramienta para diagnosticar, depurar, limpiar y purgar aquellas situaciones fraudulentas que se hayan cometido, sin esperar a que sean terceros los que, de manera interesada, determinen nuestros criterios de actuación, estableciendo nuestro horizonte en el desarrollo de nuestra actividad en base a criterios  de ética, coherencia, transparencia y seriedad”.

Así, instan a “extremar su esfuerzo de información a los trabajadores, a sus afiliados y delegados” del “alcance y sentido político que tienen las acusaciones y difamaciones que se llevan a cabo” contra UGT, “cuyo objetivo no es otro que debilitar nuestra función histórica, así como la acción que, en defensa de los trabajadores, realizamos frente a los recortes sociales y frente a los empresarios”.