En una jornada organizada por Comisiones Obreras para analizar los efectos que tendrán la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, el experto ha destacado que “se van a transferir competencias, del medio rural hacia los centros urbanos, a la vez que se refuerzan las diputaciones”.

Y el camino será “a través de consorcios” en un proceso que vaticina que “a medio y largo plazo” supondrá “la privatización de los servicios”, en lo que “coinciden ambas reformas”.

En Castilla y León, con un modelo de población de “gran atomización municipal”, los cambios provocarán “una pérdida de autonomía y de soberanía municipal”, ya que las reformas van a provocar que “los pequeños municipios vayan a perder los tres pilares claves de los servicios, la sanidad, la educación y los servicios públicos, al ver constreñida su soberanía”.

Empleo
Cabero hubiera deseado una “mayor beligerancia” de los representantes de los municipios frente a los daños que vaticina provocarán estas leyes, y ha calculado que los efectos de la reforma sobre el empleo “no van a ser positivos”,  cifrándolos en torno a los 12.000 aunque “con matices”.

Al respecto, el secretario general de CCOO de Castilla y León, Ángel Hernández, ha lamentado que la “reasignación de funciones” de los servicios en los pequeños municipios supondrá su “externalización” y una pérdida de empleo en las administraciones locales, si bien dependerá de la financiación que tenga la reforma local, que él ha denominado ‘ley Montoro’.

Estas opiniones no coinciden con la del presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Miguel Ángel García Nieto, quien se encuentra satisfecho de los textos legislativos y considera que no habrá destrucción de empleos.

Para poner en marcha la ley estatal, hará falta “como mínimo, el mismo número de trabajadores que hay ahora”. Y si hay que hacer “algún esfuerzo” en la prestación de servicios “muy posiblemente, sea empleo directo o indirecto, a lo mejor también hace falta gente nueva”.

Tranquilidad
“No creo que vaya a disminuir, para nada, o a peligrar, el empleo local”, ha añadido, llamando a la “tranquilidad” en este sentido.

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista en la Diputación de Valladolid, Juan José Zancada, cree que entre 12.000 y 15.000 es la cifra de empleados públicos que podrían verse afectados, y con la ley nacional podrían llegar a 25.000, mientras que responsable autonómico de Política Municipal de IU, Mariano San Martín, ha afirmado que estas leyes están dirigidas a “la privatización de todo el sector público”.

El secretario regional de Política Local del PP de Castilla y León y director general de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González, ha subrayado la posición “reivindicativa” del Gobierno regional frente al Gobierno central en la elaboración de la ley, que ha servido para “mejorarla en muchos aspectos”.