Según el secretario de FSP-UGT de Ávila, José Carlos Pajares, se “aprecia temeridad al encontrar no conformes ni ajustadas a derecho por falta de negociación las medidas tomadas desde la dirección del complejo al modificar la jornada del personal de mantenimiento”, que “abusó de sus atribuciones”.

Todo procede de cuando en febrero de 2012 se acordó con la Junta de Personal que una empresa privada se hiciera cargo de los turnos de noches, fines de semana y festivos, que realizaban los trabajadores desde hace más de 20 años, en turnos de tres especialidades, como son mecánico, calefactor y electricista, y que fueron sustituidos por uno solo.

La sentencia considera “no conforme, ni ajustada a derecho” la actuación administrativa ante la falta de negociación en la mesa sectorial, y considera que se ha vulnerado la libertad sindical.

Pajares cree que ahora debería “reponerse” a los empleados de mantenimiento, y ha recordado que entonces advirtieron de la necesidad de negociación, tras lo que presentaron un recurso de reposición en lugar de un contencioso-administrativo “para ahorrar gastos económicos con la única intención de que la gerente se asesorara y dictara una resolución justa y ajustada a derecho ante la contundencia de nuestros argumentos”.

Peligro en las instalaciones
De esta situación deriva que, según el responsable sindical, se encuentren “en peligro” las instalaciones del Complejo Hospitalario y de los trabajadores y usuarios “al no tener más que un trabajador de guardia presencial durante las noches, fines de semana y festivos”.

Esta sitiuación se dejó notar en octubre cuando en un fin de semana no hubo teléfonos ni comunicaciones por una avería que el único trabajador presente, de la empresa privada, “no fue capaz de solucionar”.

Pérdida salarial
“Como la gerente no paga de sus bolsillos las costas judiciales entendió que sería más divertido no molestarse siquiera en contestar, amparada por el blindaje que la Administración pública da a sus políticos”, ha lamentado el secretario de FSP-UGT.

La reducción de empleados públicos ha supuesto que éstos perdieran de su salario las retribuciones de turno rotatorio, noches y festivos, además de los recortes. La gerente, María Antonia Pedraza, prefirió “forzarnos a acudir al juzgado en lugar de resolver el problema sin importarla lo más mínimo el perjuicio económico que pudiera ocasionar a sus propios trabajadores”.

“Los cargos políticos que pagamos entre todos -ha criticado Pajares- utilizan el escudo protector de las tasas y costas judiciales para emitir resoluciones injustas a sabiendas de que lo son o simplemente no contestar a las reclamaciones para no admitir sus errores y forzarnos a acudir a los tribunales para asuntos que se podrían haber resulto sin más".