El llamamiento se ha realizado ante la subida de la luz en un 78 por ciento en la última década para el usuario medio, a pesar de que los sucesivos gobiernos han asegurado que la liberalización del sector provocaría competencia, bajadas de precios y aumento de la calidad del servicio.

Destacan que las eléctricas son uno de los sectores “más denunciados” por los consumidores, cuando el precio de la electricidad no deja de subir, “inmerso en una escalada creciente que provoca la exclusión energética de miles de familias y el aumento de la pobreza energética en España”.

Otro de los motivos es que cientos de miles de familias han sufrido cortes de luz durante la crisis ante la imposibilidad de hacer frente al importe de los recibos.

Reclaman al Gobierno que establezca una tarifa regulada por la Administración a la que puedan acogerse los usuarios domésticos con potencia no superior a 10 kilowatios, además de una investigación sobre todas las subastas celebradas en España en el mercado de la generación eléctrica para determinar si las presuntas irregularidades constatadas en diciembre de 2013 también fueron cometidas con anterioridad a distintos niveles.