La procuradora ha criticado que se haya mostrado “más celeridad” en redactar una circular que “insta” a los hospitales del Sacyl a aplicar el copago a partir del 1 de enero que en “solicitar formalmente” la suspensión cautelar del decreto del Ministerio de Sanidad, pese a que éste data del mes de octubre.

Martín cree que los 200.000 euros que supone el copago podría ser asumido por la Junta, y lamenta que los pacientes vayan a ser “los grandes damnificados” de la “subordinación” con la que actúa la Consejería de Sanidad, a la que ha acusado de pretender implantar el copago “de manera manual”.

Según ha trascendido de la referida circular, los servicios farmacéuticos de los hospitales “no disponen todavía” de las necesarias modificaciones informáticas para una gestión eficiente de la medida, ha advertido.

En este marco, ha afirmado que el copago hospitalario es una “aberración” para los enfermos crónicos, e “inconcebible” en un sistema público de salud.

Aparte, es “una chapuza administrativa”, fruto de la “improvisación” y la “inoportunidad” que “caracteriza la política sanitaria del PP” tanto en el ministerio como en la consejería. Las principales asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios han rechazado el copago.