Al mediodía del jueves y en el Mercado Chico, frente al Ayuntamiento de la capital abulense, se mostraron los inconvenientes de la reforma. El secretario de Política Municipal del PSOE, Óscar Tapias, criticó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local porque alegan que sirve para ahorrar, “cuando ellos mismos están vendiendo a Europa que van a lograr el equilibrio presupuestario gracias al superávit de las entidades locales, que son las que mejor funcionan”, y porque supondrá la privatización de servicios, que se prestarán peor y “con más paro”.

Los servicios que prestaban los ayuntamientos “van a desaparecer”, lo que “afecta profundamente” a una provincia como la de Ávila, con 248 consistorios.

Por su parte, el coordinador provincial de IU, José Alberto Novoa, centró sus críticas en que los ciudadanos verán como la administración “más cercana” y el municipalismo pierde poder al quedar éste centralizado, de tal modo que se “vacíen de competencias” a favor de las diputaciones, “que no son instituciones elegidas por los ciudadanos”.

“Si no hay dinero -ha dicho- para los ayuntamientos tampoco lo habrá para las comunidades autónomas y las diputaciones, lo que supondrá que se implanten nuevas tasas o se graven las existentes a servicios que ahora no las tienen o son muy reducidas, o se abrirán las puertas a las privatizaciones”, a la vez que pedido que se haga realidad la reivindicación histórica de que los consistorios reciban el 33 por ciento de la financiación.

La protesta era una convocatoria conjunta, pero en realidad los participantes de CCOO e IU se situaron detrás de una pancarta bajo el lema ‘Es público, es tuyo, sálvalo’, mientras que los de UGT y PSOE se colocaron a otro lado, sin que hubiera un manifiesto conjunto.

Según el secretario de Administración Local y Acción Sindical, José Ignacio Gómez Úbeda, la reforma local provocará “una burbuja del empleo público” y la desaparición de los servicios públicos en localidades de menos de 20.000 habitantes, donde los ayuntamientos estarán “intervenidos” por las diputaciones, mientras que para Blanca Alonso, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, supondrá “una fuerte pérdida de empleo público” y la supresión de numerosos servicios que prestan los consistorios.