Con esta medida, según ha informado la Subdelegación del Gobierno, se podrán abonar 695 facturas retrasadas, lo que permitirá que 143 proveedores abulenses vean satisfechas sus demandas de cobro.

La tipología de estos proveedores corresponde a 33 personas físicas, 91 pequeñas y medianas empresas y 19 grandes empresas.

El mayor número de facturas pertenece a pymes, con 383 facturas pendientes, 254 son de grandes empresas y 58 de personas físicas.

La Subdelegación del Gobierno ha insistido en que la iniciativa persigue sanear la economía de los ayuntamientos y proporcionar a las empresas una nueva perspectiva de reactivación en su actividad.

Los ayuntamientos que se han acogido a esta segunda fase del plan de proveedores deberán devolver a la Administración del Estado el dinero adelantado a través de un préstamo a diez años, con dos de carencia, y a un interés del 3,3 por ciento.