Y es que “se les obliga a elegir entre recibir o no un tratamiento en función de su capacidad económica”, por eso “resulta incomprensible que el consejero de Sanidad, por un lado, se manifieste contrario al copago y, por otro, esté preparando los servicios informáticos de las farmacias de los hospitales para aplicar la resolución del Ministerio de Sanidad porque dice ser serio en el cumplimiento de los mandatos”, ha criticado la también secretaria de Sanidad del PSOE de Castilla y León, quien tilda esta actitud de “ambigua”.

Según la procuradora, “lo que tiene que hacer la Consejería de Sanidad es asumir el coste económico que el copago hospitalario supone a los enfermos afectados”.

Los cálculos del Gobierno autonómico apuntan a que la medida supone un ahorro estimado en 200.000 euros, “una cantidad simbólica e insignificante que puede producir en muchos casos daños irreparables”, y además, una cantidad “inferior al coste de las medidas organizativas, administrativas e informáticas necesarias para poder aplicarla”, ha dicho la procuradora.

Por eso, cuando todavía no están aprobados los Presupuestos de la Comunidad para 2014, la Junta de Castilla y León “está a tiempo de traducir su voluntad en hechos, aceptando la enmienda del Grupo Socialista por importe de 200.000 euros para que los pacientes de Castilla y León no tengan que hacer frente a dicho copago o se les pueda devolver, lo que en la práctica supondría no aplicarlo”.

Martín ha insistido en que el acceso a los servicios sanitarios ya se financia a través de los impuestos que pagan los ciudadanos en función de su renta y si a los vecinos se les incrementa su aportación económica cuando necesitan del sistema sanitario “se limita el acceso a determinadas capas de la población, afectando al principio de equidad y solidaridad".

La procuradora defenderá la posición del Grupo Socialista en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, donde preguntará al consejero de Sanidad si piensa o no aplicar el copago hospitalario a partir del 1 de enero de 2014, al margen del recurso contencioso administrativo que ha anunciado.