Se trata de la primera sentencia que en este sentido se produce en la provincia de Ávila y la segunda en Castilla y León, lo que  podría extenderse a Diputación, Junta y ayuntamientos de la provincia.

La denuncia de la empleada, tramitada por FSP-UGT, “no será la última”, según el secretario provincial, José Carlos Pajares, porque son una treintena las que se han presentado o se encuentran en proceso de hacerlo con todos sus afiliados laborales, que deben reclamarlo antes del plazo de un año.

El sindicato ha subrayado la sentencia en cuanto que supone una respuesta ante “el secuestro íntegro de la extra de diciembre a todos los empleados públicos”.

También ha anunciado la presentación de algunas reclamaciones de funcionarios y estatutarios de cara a “abrir camino” con estos trabajadores, aunque en este caso el plazo para poder reclamar es de cuatro años.

Pajares ha explicado que “impulsarán” las reclamaciones individuales y colectivas en todas las administraciones públicas.

De todos, “viendo que ya hay varias sentencias favorables en distintas provincias y comunidades autónomas, y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional”, y ante el colapso que puede producirse en los juzgados de lo social y de lo  contencioso-administrativo, así como del problema presupuestario”, piden un acuerdo. Proponen pactar con todas las administraciones públicas implicadas, y éstas con los representantes de los empleados públicos, “para evitar problemas a los ciudadanos y trabajadores”.