Frente a esas pruebas -en el juicio que comenzó el lunes- los abogados de los dos acusados han pedido la suspensión del juicio, tras echar en falta pruebas y testigos, relacionadas, sobre todo, con el arma que supuestamente se utilizó en el crimen.

El fiscal pide 18 años de cárcel  para el acusado de ser el ejecutor del asesinato de Óscar Linares y otros tantos, además de una indemnización de 180.000 euros a cada uno, para el supuesto inductor, mientras que los letrados de la defensa han solicitado anular el procedimiento tras conocer que, hace tan sólo unos días, el Juzgado de Arenas de San Pedro ha imputado a una tercera persona por este caso en una pieza separada.

Se trata de B.L., una mujer que se encuentra en la prisión de Alcalá de Henares (Madrid) y que estaría relacionada con el arma que se utilizó contra el fallecido.

Por su parte, la acusación particular pidió 20 años para cada uno de los acusados, además de indemnizaciones de 150.000 euros para la madre del fallecido y 100.000 euros para cada uno de los hermanos y para la compañera de la víctima.

Jurado popular
Tras la elección de los nueve miembros y dos suplentes del jurado popular, la vista comenzó poco después de las 12,30 horas.

Según el relato de los hechos, la víctima controlaba parte del tráfico de cocaína en la zona y estaba enemistado con Pedro Luis García Jiménez, conocido como Pope y domador de caballos, quien se había marchado de Piedralaves por sus desavenencias con el fallecido. La víctima tenía, además, una orden de alejamiento del supuesto inductor de su muerte, por un juicio relacionado con el robo de un caballo y porque le había propinado tres puñaladas con un machete.

La investigación de la Guardia Civil detectó una colilla con el ADN del acusado como ejecutor del asesinato, Enrique Castado, a escasos metros del coche del fallecido. Toxicómano, Castado había conocido a Pope en la Cañada Real Galiana, donde éste había marchado desde Piedralaves. Además de la colilla, la investigación le inculpa por las 72 llamadas que entre ese día y el siguiente, y en el momento del hecho, se hicieron y que, según los repetidores, detectan que estuvo en esa zona.

La acusación particular lamentó que mientras Castado se encuentra en prisión, Pope está en libertad cuando es “el más peligroso” y tuvo palabras de agradecimiento para la “impagable” investigación de la Guardia Civil, que afrontó la  correcta línea investigadora entre las varias posibles.

También aludió al “odio visceral” que Pope, del que dijo se dedicada al tráfico de drogas y al trapicheo, tenía a la víctima.

Sin antecedentes
Frente a ello, el abogado del supuesto inductor aseguró que su cliente carece de antecedentes penales y que no se asentó en la Cañada Real, y llamó a los miembros del jurado a “decidir sobre las pruebas de cargo” alegando que no se acreditaban las acusaciones ni el móvil: “no dicen cuándo se produjo el encargo”. “No hay nada”, aseguró.

Y tras llamar la atención sobre que el arma haya aparecido hace sólo 15 días de un caso que data de hace más de dos años, ha pedido la nulidad del procedimiento, sobre todo, porque la Guardia Civil, ha asegurado, tenía en su poder esa arma desde septiembre de 2011.

Ha señalado que el arma era de un colombiano expulsado de España por un delito de violencia de género y que ahora pertenece a su compañera, interna en la cárcel madrileña de Alcalá. Ha pedido que a esta mujer se la impute en el caso.

A raíz de la aparición del arma y de la imputación de una tercera persona, el abogado de Castado ha pedido la nulidad porque “se vulneran las normas procesales” y hay “indefensión” de los acusados.

Al parecer, el arma fue localizada por las escuchas telefónicas a Pope, de ahí que pidiera que en el juicio tengan que declarar “todas las personas relacionadas con el arma de fuego”.

Toxicómano
“Aquí nadie viene condenado”, ha afirmado el letrado al tribunal del jurado, presentando a su defendido como “un enfermo de la droga”, heroinómano, que “no volvía a su casa en un mes” y permanecía “en una chabola o tirado en la calle” de la Cañada Galiana, además de destacar también la falta de móvil del hecho y de recompensa.

Ha puesto en duda cómo llegó la colilla del acusado a Piedralaves y ha dicho que pudiera estar el teléfono allí, pero no él, que nunca había viajado a esta localidad donde supuestamente cometió el asesinato.

Esta versión ha sido corroborada por Castado, el acusado de ser el autor material del asesinato, quien ha insistido en no haber estado “nunca” ni conocer “dónde” está Piedralaves, además de afirmar que conocía a Pope “de algunas conversaciones” y de haber compartido una vez un bocadillo, aunque no ha podido explicar qué hacía una colilla con su ADN cerca del lugar del crimen. “Eso me gustaría saber también a mí”, ha añadido.

Por su parte, el supuesto inductor ha reiterado que “nunca” ha consumido droga ni ha traficado con ella y ha negado haber amenazado de muerte al fallecido o a cualquier miembro de su familia.

En este sentido, un hermano de la víctima, ha asegurado que tanto el fallecido como el supuesto inductor del asesinato “pasaban droga” y que su familia tenía “miedo” de Pedro Luis García.

Son en total 39 los testigos llamados a declarar en un juicio que tiene previsto alargarse hasta el viernes.