El regidor está acusado de haber presuntamente manipulado actas e informes para justificar la contratación de dos personas.

Los hechos, en los que también aparece imputada una empleada municipal, se remontan a agosto de 2012, cuando el Ayuntamiento del municipio solicitó al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) un listado de candidatos para cubrir nueve puestos de trabajo, de oficiales de albañilería, por un periodo de cuatro meses.

Sin embargo, de acuerdo con las diligencias previas practicadas, dos de esas plazas finalmente fueron adjudicadas a otras personas que no habían sido seleccionadas por ECyL, sino procedentes de la bolsa de empleo municipal.

Coartada
Además, según dichas diligencias, se habrían falsificado fechas de varios documentos “con la finalidad de tener una coartada”, hasta el punto de que uno de los informes generados con este motivo tiene fecha de 4 de noviembre de 2011, domingo, cuando “las dependencias administrativas del Ayuntamiento están cerradas”.

Este lunes está llamada a declarar la primera teniente de alcalde de Las Navas y presidenta de la Comisión de Hacienda y Personal, María del Mar Díaz, en calidad de testigo, mientras que el 9 de octubre deberá acudir, en calidad de imputados, el alcalde de Las Navas y una empleada municipal, S.S.S.

También están llamados a prestar declaración ese día, en calidad de testigos, dos funcionarios municipales más, como son el informático que creó el programa que registra los documentos y el que actuó como secretario de la mesa de contratación objeto de la querella.

Ataque político
Según el alcalde navero, “todos” estuvieron de acuerdo en la contratación de las personas designadas para el puesto de trabajo y que procedían del ECyL, (8) y de la bolsa de empleo municipal (2).

“Los denunciantes dicen que fue procedimiento inadecuado, aunque en la mesa de contratación todos dijeron que sí”, ha indicado el alcalde, quien considera que se trata de una denuncia que procede de un “ataque político”.

En el Ayuntamiento de Las Navas existe en la actualidad otra denuncia en los juzgados con un cargo político en el punto de mira: el concejal y diputado provincial de UPyD Santos Martín Rosado, y funcionario municipal en excedencia, es acusado por una edil del PP de apropiación indebida.