En el caso de Arenas, el ahora imputado manifestó a la Guardia Civil que autores desconocidos le habían realizado hasta ocho cargos con su tarjeta bancaria sin su autorización. Sin embargo, tras las gestiones realizadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas, se descubrió que había cobrado indemnizaciones tras la denuncia y que los cargos habían sido autorizados por el denunciante.

Mientras, la persona imputada en La Adrada había denunciado ser víctima de un delito de robo con violencia o intimidación, supuestamente acaecido en un establecimiento público de la citada localidad, que tampoco resultó cierto.