Según FSP-UGT, las tres últimas empresas que han pasado por la residencia “a su marcha han dejado sin pagar varias mensualidades a las trabajadoras” del centro “ante la pasividad absoluta del Ayuntamiento, que se lava las manos como Pilatos e incluso se permite el lujo de no pedir ningún tipo de fianza para que se pueda hacer frente a estas incidencias”.

La anterior empresa dejó a deber tres nóminas, que no han podido cobrar aún del Fogasa después de tres años. Y la última adeuda dos nóminas y ha comunicado que deja la concesión el 16 de septiembre, “con lo que las trabajadoras tienen pocas esperanzas de cobrar”.

El sindicato culpa al Ayuntamiento, ya que de este modo las empleadas son “paganas” de la mala gestión empresarial y municipal, y así “financian” al Consistorio los cambios de empresa, que se escuda en que “al ser una concesión privada no tiene responsabilidad alguna”.