Por eso, en un comunicado ha explicado que el régimen fiscal de las instituciones eclesiásticas en España deriva del Concordato con la Santa Sede de 1979, pero también de las leyes aprobadas en 1994 y 2002, que extendió las exenciones a partidos políticos, sindicatos, locales de Cruz Roja o fundaciones, al igual que consulados, federaciones deportivas, embajadas, terrenos de Renfe e inmuebles destinados a usos religiosos de otras confesiones.

Sin embargo, no están exentos los bienes en los que se realiza una explotación económica no exenta y “paga” por los no amparados por la ley de mecenazgo como aparcamientos, explotaciones agrarias, repostería o restauración.

“Hay personas -señala- que creen que la Iglesia Católica es la única que no paga el IBI ni ningún otro impuesto”, pero esto es “inexacto, ya que “paga el que fija la Ley de Fundaciones”, así como también las tasas municipales, sobre las que no existe exención fiscal alguna, como las basuras.

El Obispado subraya el destino “sociocaritativo” de "buena parte" de los fondos de la Iglesia, lo que implica “ahorrar al Estado, anualmente, más de 20.000 millones de euros” a través de sus hospitales o centros de atención. Al igual que la labor de su organización ha supuesto un “ahorro” para el Estado de 230 millones de euros, mientras que el de Manos Unidas se ha elevado a 41 millones de euros.

También alude a los centros educativos que “cubren la falta de plazas públicas” y los bienes Patrimonio de la Humanidad que actúan como “foco de atracción turística”, que son aspectos de los que también se encarga la Iglesia.