Según el coordinador provincial, José Alberto Novoa, la propuesta es “incoherente y esperpéntica”, en la que “se ha usado la calculadora para un supuesto ahorro”, y que es “aún más regresiva que las versiones anteriores del anteproyecto, que ha sido ampliamente rechazado, incluso en las propias filas del PP, y pese a las graves advertencias en contra del Consejo de Estado”.

La intención -considera- es la de “favorecer la iniciativa económica privada y ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria de la Constitución en su artículo 135”, donde “prima el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social”, y que es “la base de toda reforma normativa que está sufriendo la población, gracias a la connivencia del PP-PSOE”.

Aspectos negativos que resalta es el “tutelaje de una administración sobre otra, al incrementar el reforzamiento de las diputaciones, que coordinaran los servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes”, así como la gestión tributaria, contratación centralizada, planes económicos financieros y procesos de fusión de municipios, dando lugar a un “redimensionamiento de las estructuras”, que se traducirán en despidos.

Igualdad
También lamenta que se ignoren las competencias autonómicas sobre régimen local definidos en los estatutos de autonomía y el “desprecio” a los ayuntamientos “como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones”.

IU propone una ley de financiación local que defina competencias y “financiación incondicionada” sobre la base de competencias en el ámbito social, eliminar las diputaciones provinciales, y establecer transferencias patrimoniales y competenciales a comarcas o municipios.