Dicho decreto, previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, determina las labores de secretaría e intervención en dichas entidades locales menores, que deberán ser desarrolladas por el secretario municipal, o por el servicio de asistencia y asesoramiento a municipios con el que cuentan las diputaciones.

El objetivo de este decreto, según el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, es lograr que las entidades locales rindan sus cuentas, ya que se trata de una “obligación” y ahora existe una “falta de cultura” en este sentido.

No obstante, ha asegurado que se defenderá una enmienda a la Ley de Ordenación, Servicio y Gobierno del Territorio por la que se establezca que una persona con “capacidad suficiente” pueda encargarse de estas cuentas, algo que ya hacen otras autonomías y que se posibilita en la normativa estatal.