De ese modo, según datos facilitados por la Federación de Servicios Públicos de UGT, Ávila se ha convertido en la tercera provincia de España donde más ejecuciones porcentualmente se han producido en el mismo periodo, superada solo por Soria y Salamanca.

Según el sindicato, estas cifras ponen de manifiesto “errores patentes” en la nueva legislación de desahucios impulsada por el PP, como limitar al 12 por ciento los intereses moratorios, pues “sólo afectan a los intereses de demora devengados y a los préstamos hipotecarios firmados con posterioridad al pasado 15 de mayo”.

A esto se suma, apunta UGT, el “mal uso de los registros de morosos”, que “en muchos casos buscan presionar a las familias, y evitar que otro banco se subrogue en el préstamo concedido por la primera en peores condiciones”.

Junto a ello se encuentra “el gran fiasco del fondo social de viviendas (en Ávila los bancos aportan menos de 25 viviendas), que “ha sido un lavado de imagen de los bancos”, y el “nulo alquiler social” realizado por los bancos, ya que “supone en la mayoría de los casos pagar más que la cuota hipotecaria que se venía pagando, al fijarse el mismo en función de la deuda hipotecaria pendiente y no en función de los ingresos”.