Además de mostrar su "solidaridad" con los ayuntamientos cuyos municipios han sido afectados por las llamas, los dos representantes socialistas se han puesto "a su disposición" para defender en las Cortes que la Junta "intervenga en su recuperación" y también en la de los elementos culturales y sus entornos.

A su juicio, la "prioridad" de las administraciones ha de ser "ejecutar un plan específico de recuperación de la ganadería, la agricultura, especialmente el viñedo, y la superficie arbolada", pero sin que la Junta olvide "aplicar medidas para restaurar y proteger el patrimonio amenazado por el fuego".

Para Hernández y Blázquez, todo ello "redundará en beneficio de la sociedad, al salvaguardar un patrimonio conservado a lo largo de los siglos".

Legado cultural

En este sentido, ambos procuradores han subrayado que "junto al perjuicio económico y ecológico" provocado en las zonas arrasadas, el fuego ha tenido "efectos negativos para la historia y el legado cultural abulense".

Se trata de una circunstancia que "debe llevar a la Junta a recuperar la grandeza del patrimonio afectado", que a su juicio es "un factor dinamizador de la economía del medio rural en el que se asienta", según han apuntado Miguel Hernández y Soraya Blázquez.

Los dos procuradores señalan que, "además de reclamar medidas al Gobierno, la Junta no puede mirar para otro lado y debe asumir sus propias responsabilidades, ejerciendo las competencias que tiene atribuidas" en la aprobación de ayudas económicas a los damnificados y en el "impulso de medidas de protección" al patrimonio.

Según apuntan, los incendios han originado "deterioros en monumentos de relevancia" en la provincia, como el castro celta de Ulaca, el Castillo Manqueospese o ejemplos de arte rupestre, entre otros.