También niega la baja actividad en este laboratorio, en contra de lo sostenido por la Consejería de Fomento para justificar su cierre, y considera que la razón real de la medida se encuentra en la “privatización del servicio” para que este trabajo “lo hagan empresas afines”.

El Comité de Empresa critica que el titular de Fomento siga sin aclarar cuántas de las obras públicas licitadas por la Junta de Castilla y León en los últimos cinco años han realizado el control de calidad en los laboratorios de la Junta de Castilla y León.

Según los datos de dicho comité, “solo en los años 2008-2009, ya en crisis, por el incumplimiento de que el uno por ciento de la facturación de la obra pública debe realizarse en los centros de control de calidad, por la dejadez o interés de alguien, se han dejado de ingresar en las arcas de la Junta más de siete millones de euros”.

Desde su punto de vista, “si por ley se obligara a que el control de calidad de  todas las obras públicas,  se hiciera en los laboratorios de control, que para eso fueron creados, habría mucho trabajo y la rentabilidad estaba asegurada”.

Para el comité, los centros de control de calidad realizan una labor de interés público sobre temas de gran responsabilidad e importancia social, “donde es esencial garantizar la imparcialidad, la independencia de juicio y la integridad”.