Blázquez ha solicitado a la Administración autonómica que financie de manera "íntegra el esfuerzo extraordinario realizado por los ayuntamientos para reducir el riesgo de contagio de coronavirus en los centros educativos y lograr así que éstos sean entornos seguros".

Según recurda, la normativa señala que las atribuciones de los consistorios se ciñen a labores de mantenimiento, no de seguridad sanitaria, por lo que ha de ser la Junta la administración que corra con los gastos que generan las medidas de desinfección, limpieza y ventilación de las instalaciones educativas, que ahora recaen en su mayor parte sobre unas ya mermadas arcas municipales.

Al respecto, la procuradora recuerda que "son los ayuntamientos los encargados, no solo de la limpieza de los centros educativos, también de los polideportivos, de los baños públicos y de los parques infantiles así como de comprar equipos de protección individual y geles hidroalcohólicos para los empleados públicos".

Indefensos

Desde su punto de vista, resulta "evidente" que los consistorios "se han sentido un tanto indefensos a lo largo del curso escolar, porque esperaban algo más de la Junta de Castilla y León en materia de financiación y en protocolos de actuación".

Por ello, tras considerar "escasas" las partidas presupuestarias aprobadas para colaborar en gastos de limpieza y desinfección, la parlamentaria abulense cree que la Junta "debe habilitar los fondos necesarios para cubrir los gastos extraordinarios, tanto los ya generados y pagados por los Ayuntamientos en el presente ejercicio y en el anterior, como los que se vayan produciendo a lo largo del año 2021".
 

En su opinión, resulta "muy difícil explicar que la Junta perciba decenas de millones en ayudas del Gobierno de España, mientras requiere a los ayuntamientos para que asuman la mayor parte del coste de limpieza y desinfección de los colegios argumentando que no existe financiación suficiente".