El juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila ha tenido como acusados al promotor inmobiliario junto al alcalde navero, Gerardo Pérez, y al secretario municipal, Carlos de la Vega, ya que estos últimos también ejercían sus responsabilidades en la sociedad pública Monte de Las Navas, participada también por la Junta y la Diputación, y que fue la entidad que desarrolló la iniciativa.

Las organizaciones ecologistas Centaurea, SEO/BirdLife y WWF, que ejercen las acusaciones, han acusado a los tres de un delito de prevaricación.

La vista oral, que ha enjuiciado la aprobación por la sociedad Montes de Las Navas para construir en 215 hectáreas de terrenos de pinares incluidos en la Red Natura 2000, LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y en los planes de recuperación de la cigüeña negra y águila imperial, se ha centrado en los trámites de aprobación seguidos en el proyecto urbanístico.

Reivindicación histórica
A preguntas del fiscal, acusaciones y defensa, el alcalde ha recordado que el proyecto partió tras recuperar el municipio -“una reivindicación histórica”- el 80 por ciento del término municipal, propiedad hasta entonces de Unión Resinera, ya que con la operación urbanística se conseguía abonar los pagos a esta empresa. Pérez ha querido destacar que la iniciativa contaba con el apoyo de toda localidad, y es que querían ser  “un referente en el atractivo turístico de la zona”, dada la importancia que el sector tiene en la localidad.

También ha dicho el regidor que solicitaron al constructor que en la urbanización hubiera un campo de golf, pero luego propusieron dos, porque deseaban “algo espectacular”, y ha explicado que el proceso se llevó a cabo de acuerdo a la legalidad, al igual que ha dicho el secretario municipal, que ha incidido en que hubo publicidad del proyecto para que participasen las empresas que lo desearan, si bien sólo acudió Residencial Aguas Nuevas, propiedad de ‘El Paloma’, que contactó con ellos porque “la mujer de su abogado es de Las Navas”, según expresó el constructor.

Parte importante de los interrogatorios han versado sobre la venta de las 215 hectáreas y sobre la ampliación del proyecto sobre las 95 iniciales, además de que cuando se midió el terreno se comprobó que en realidad eran 204. Fue necesario aumentar la superficie para incorporar los campos de golf, que el promotor admitió a pesar que aseguró “son una auténtica ruina”.

Para lograr la cantidad de terreno necesario para la urbanización, la sociedad pública tuvo que permutar 12 hectáreas, que según los acusados tuvieron que ser las que utilizaron porque no había otras en la zona, si bien eran protegidas y hubo que desafectarlas, mientras que la fiscalía y acusación dudaron de ello y, además de alegar que había otras posibilidades, afirmaron irregularidades en el procedimiento y en el carácter de protección de esos terrenos.