La Audiencia Provincial de Ávila ha sido escenario este miércoles de la vista oral, en la que la tramitación y adjudicación del proyecto urbanístico, que quedó paralizado por la justicia. El juicio se inició sobre las 10,30 horas y se prolongó hasta las 14 horas, con el interrogatorio a los tres acusados, a un testigo -Félix Burgos en su condición de abogado y consejero independiente de la sociedad Montes de Las Navas- y el topógrafo que efectuó la medida del terreno.

Por la tarde, entre las 17,30 y 20 horas, se conocieron las conclusiones, en las que el fiscal puso de manifiesto varios hechos irregulares e ilegales en el procedimiento juzgado, por el que la sociedad pública, en la que participaba el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, la Junta y la Diputación, sacó a concurso una zona de pinar protegido para construir una urbanización, terreno que fue adquirido por el constructor murciano Francisco Gómez ‘El Paloma’, sin que luego pudiera realizar el proyecto urbanístico por su paralización judicial en 2006 a raíz de que se iniciase la tala de pinos en la parcela.

Para el ministerio fiscal se utilizó un método “fraudulento dando apariencia de legalidad” y “no se aplicó el principio de concurrencia” en el concurso, en el que solo participó el constructor imputado, ya que “se restringió la oferta y se infringió la ley” y al final “se benefició” a su empresa, Residencial Aguas Nuevas”, la única aspirante para llevar a cabo la construcción de 1.600 viviendas y dos campos de golf.

Coautor
La valoración del suelo “totalmente arbitraria” y la actuación para permutar un terreno que se iba a incorporar al proyecto fueron otros motivos que han servido al fiscal para hablar de “ilegalidades” en la tramitación, e incluso ha dicho que el promotor se ha presentado en el juicio “como víctima”, al que ha considerado “coautor” del delito junto al alcalde, Gerardo Pérez, y al secretario municipal, Carlos de la Vega, quienes también eran responsables de la sociedad pública Montes de Las Navas, y con los que ha compartido banquillo durante la vista oral.

Por su parte, los dos letrados de la acusación, que piden 10 años inhabilitación -y Ecologistas en Acción añade cinco años de prisión-, han suscrito la tesis del ministerio fiscal, a la vez que han criticado que en el trámite se pudo “entrar y salir del concurso”, “no se determinó el precio del suelo”, se permutó una parcela ilegalmente “porque se contaba con ella desde el primer momento”, el plazo fue escaso para presentar propuestas y por eso solo le dio tiempo a ofertar al imputado, y se había “pactado” entre los miembros de la sociedad llevar adelante la operación “pasase lo que pasase”.

Quisieron rebatir a que todo el mundo estaba de acuerdo en Las Navas para afrontar este proyecto, y citaron a un propietario que denunció que no le adquiriesen sus cercanos pinares.

Libre absolución
Mientras, las defensas de los acusados justificaron su petición de libre absolución para los tres aduciendo que en la tramitación “no había un carácter especulativo”, de ahí que Junta y Diputación confiasen en participar en la sociedad pública”, y afirmaron que hubo “publicidad y concurrencia, que es lo mismo que concurso”.

Respecto a los pagos del constructor a la sociedad, con lo que se afrontaron las deudas a Unión Resinera, a la que se compró el 80 por ciento del término municipal, indicaron que “se mejoraron las garantías” y que “no se regaló nada” al promotor, y ante las dudas de la fiscalía y acusación sobre la posible especulación señaló que Montes de Las Navas no ganó -lo comido por lo servido”- y que era normal la coincidencia de intereses de que les acusaba entre la sociedad y el Ayuntamiento navero.

Destacaron que las acusaciones habían “enfocado” mal el asunto y que los imputados habían mantenido un “respeto escrupuloso a la ley”, a la vez que subrayaron que no habían aportado ningún testigo ni perito, frente a ellos, que llevaron a uno de los consejeros independientes de la sociedad pública.

El abogado del promotor indicó que antes del concurso “no hubo contacto anterior” con él -del que aseguró no podía ser coautor del delito “porque no es delictivo hacer una oferta”-, que resultó perjudicado porque, tras pagar 10,8 millones no ha podido ejecutar el proyecto previsto, que intentó llevar a cabo “aceptando las imposiciones y decisiones perjudiciales” de la sociedad pública, pero ha resaltado que afrontó la iniciativa urbanística porque “le había gustado, se enamoró del proyecto”.

Este abogado no se quedó ahí, justificó el proyecto de la sociedad en que Las Navas lo hizo para afrontar la compra anterior del 80 por ciento del término municipal a Unión Resinera. Antes -afirmó- “los vecinos eran siervos de la gleba”.