En el Foro de Política Social celebrado por el PP, ha manifestado que tanto el estado como las comunidades autónomas acordaron adoptar medidas, siempre que se mantuvieran los derechos y prestaciones, que ha asegurado “no se han tocado”.

Por eso ha defendido la exclusión del sistema de dependencia el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares, que obligó a destinar algo más de 1.000 millones de euros al pago de la deuda, que de otra modo se podrían haber destinado a “atender nuevas situaciones de dependencia”, lo que “habría cambiado la situación”.

Antón también ha dicho que cuando el PP llegó al poder había 305.000 personas con dependencia severa, de las que el 60 por ciento estaban pendientes de recibir prestación”.

“La cifra se ha reducido en un 29 por ciento”, por lo que hay que existen "cerca de 90.000 personas menos esperando a recibir prestación" que hace un año y medio.

Dependientes fallecidos
Por otra parte, Antón, que ha participado en la reunión con el  director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, ha dado por concluido el “proceso de regularización” de los expedientes de dependientes fallecidos que continuaban cobrando la prestación por dependencia según el Tribunal de Cuentas.

Ha detallado que se ha constatado que algo más de 12.000 expedientes responderían a personas fallecidas que seguían dadas de alta, otros 1.363 casos eran duplicidades y en cerca de 12.400 se habrían producido errores.

Según ha dicho, el “trabajo conjunto” de su departamento y de las comunidades autónomas ha culminado con la regularización de los expedientes, y ha pedido “no sacar de contexto” la petición del Tribunal de Cuentas, ya que lo que ambas administraciones se han limitado a hacer es “regularizar” la situación “cumpliendo con lo que el tribunal pidió a las dos partes”.

También ha puntualizado que el sistema de información está basado en que las comunidades autónomas “son las que tienen las competencias desde la solicitud a la concesión de la prestación” y para percibir el nivel mínimo de protección del Imserso, éstas “vuelcan los datos a un sistema” antes de “liquidar el dinero”.

El director general ha agradecido a las comunidades autónomas su “colaboración” para finalizar un proceso de “transparencia absoluta”, pues “hay que ser muy sensibles” en este tipo de asuntos en los que figuran familias y en los que existen “efectos económicos”.